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Un año de alcaldía de Colau: guerra al coche privado y un verano por delante marcado por la gestión del coronavirus

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15/06/2020 06:26 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Se cumple un año del inicio del segundo mandato de Ada Colau (BComú) al frente de la alcaldía de Barcelona, 365 días convulsos para Barcelona que vinieron marcados, durante el primer semestre, por las protestas y disturbios en la calle contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos del procès y, durante el segundo, por la crisis del coronavirus y por la anulación de la edición 2020 del Congreso de Móviles de Barcelona, el evento con mayor repercusión económica para la capital catalana, por la pandemia.

El 26 de mayo de 2019, trascendía la imagen llorosa de Colau tras perder la alcaldía a manos de Ernest Maragall, el candidato de Esquerra Republicana (ERC). Maragall ganaba a Colau en Barcelona por apenas 5.000 votos y un empate a 10 concejales.

No obstante, lo que supuso en un primer momento una derrota política para la líder de Barcelona en Comú (BComú) se tornó, en cuestión de 20 días, en la materialización de su segundo mandato consecutivo como primera edil barcelonesa.

El factor que hizo posible tal viraje fue el acuerdo firmado entre los comuns y los socialistas con el apoyo de última hora de Manuel Valls, exprimer ministro francés, bajo la candidatura de Barcelona pel Canvi.

Valls daba su visto bueno a una alianza de izquierdas con tal de no propiciar un gobierno municipal de claro corte independentista a manos de Maragall. Este no ocultó en público su malestar ante la creación de un bipartito que lo alejaba del mando consistorial.

Junts per Catalunya (JxCat) y su candidata Elsa Artadi tampoco escatimaron en calificativos hacia el acuerdo Colau-Collboni, tachándolo de "pacto contra natura".

Pero lo cierto es que se iniciaba el 15 junio, con la investidura de Colau, la andadura de una alianza entre socialistas y comuns que, a diferencia de la que intentaron tejer en el año 2016, no fracasaba sino que prosperaba. La de 2016 se rompía abruptamente un año después con la salida el PSC del gobierno por su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El actual pacto entre Ada Colau y Jaume Collboni hasta 2023 se fraguó con 10 regidores de Bcomú y 8 socialistas, a solo tres de la mayoría absoluta, que está en 21 (de un total de 41). La suma de 18 regidores no se daba en Barcelona desde 2007.

Jaume Collboni (PSC) ha ido ganando desde entonces peso específico en el ejecutivo municipal y ha actuado en muchas ocasiones como una suerte de segundo alcalde de Barcelona, jugando un papel muy activo en tres de las materias más estratégicas para el gobierno de la ciudad, como son la economía, el turismo y la seguridad.

En este último asunto tan sensible para Barcelona, el de la seguridad, puso al frente al comisionado Albert Batlle, ex jefe de los Mossos d'Esquadra y un técnico con experiencia contrastada, que ha capitaneado desde el Ayuntamiento durante el año de mandato la gestión de los altercados tras la sentencia del procès o la lucha contra la violencia y la delincuencia reincidente en el barrio del Raval, respectivamente.

En materia de turismo, Collboni colocaba a Xavier Marcé, otro experimentado gestor público del gusto del tejido comercial y hotelero, que ahora está al frente de la difícil tarea de atraer cuanto más turismo local y nacional mejor para una pronta recuperación económica y turística de la ciudad mientras dure la pandemia de Covid-19 y sigan las restricciones a los viajes internacionales.

La titularidad de economía recaía en el propio Collboni con el apoyo de Montserrat Ballarín en la concejalía de Comercio y del hombre de confianza de Colau, Jordi Martí, en la de Presupuestos.

El pasado 20 de enero, antes de la irrupción de la emergencia sanitaria, Barcelona firmaba unos presupuestos para 2020 calificados de "históricos" tanto por su importe (superior a los 3.000 euros) como por el apoyo que aglutinaba: el de 33 de los 41 concejales entre BComú, PSC, ERC y JxCat.

Valls se desmarcaba en esta ocasión a la hora de apuntalar las cuentas de la ciudad al considerar que el acuerdo con las dos formaciones soberanistas daba un balón de oxígeno al separatismo.

En la presentación de dicho pacto, Colau remarcaba sus prioridades de mandato: por este orden, la lucha contra la desigualdad y contra el cambio climático. Cinco días antes, el 15 de enero, Barcelona declaraba la Emergencia Climática, un compromiso con un plan de acción por valor de 563 millones de euros y con un centenar de medidas encaminado a que, en 2030, la ciudad haya disminuido en un 50% las emisiones de gases con efecto invernadero.

Entre estas medidas urgentes, el 1 de enero entraba en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre las rondas de Barcelona que cerraba el acceso entre semana a los vehículos más contaminantes y multaba a partir de abril a quienes se saltaran la prohibición.

En marzo, dieron comienzo una serie de cortes al tráfico en grandes arterias de Barcelona, como la Via Laietana o la calle Aragó, durante los fines de semana. La intención: pacificar las autopistas urbanas de la ciudad.

Pero ese mismo marzo llegó la alerta por el coronavirus y el decreto de alarma del Gobierno español que confinaba a la población. Y el tándem Colau-Collboni pasó a enfrentarse a la peor crisis sanitaria de la capital catalana. Desde el primer momento, ambos políticos dieron la cara ante los problemas a los que se enfrentaba la ciudadanía.

Colau, específicamente, dejaba de lado sus desaveniencias con el Ejército (al que instó en el pasado a dejar de participar en el Saló de l`Ensenyament) para aceptar su ayuda tanto en la desinfección de las residencias de ancianos más castigadas por la Covid-19 como en la construcción y gestión de los Pavellons Salut anexos a los hospitales públicos y de los pabellones de Fira de Barcelona que acogen a personas sin hogar.

La alcaldesa se ha mostrado en numerosas ocasiones muy crítica con la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia por parte del Govern de Quim Torra y desde el ejecutivo se decidió parar todas las obras públicas no esenciales durante el tramo más duro del confinamiento.

El papel del consistorio también ha sido muy activo para conseguir que, a pesar de la anulación del Congreso de Móviles de Barcelona, la entidad organizadora GSMA firmara un año más de permanencia en la ciudad, hasta 2024.

"Nadie se quedará solo en esta crisis sanitaria", prometió Colau durante la firma de la aplicación del decreto del estado de alarma en la ciudad el pasado 15 de marzo. "No queremos que nadie quede abandonado y que pase como en 2008, cuando las familias más vulnerables quedaron solas", dijo en un discurso institucional telemático.

Anunció que seguiría, ampliado, el reparto de comida a domicilio para los más vulnerables así como los servicios para las personas sin hogar, para las mujeres víctimas de violencia machista y para los 100.000 usuarios de la teleasistencia. El consistorio decidió ampliar la moratoria del pago de las viviendas y locales comerciales del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació, hasta finales de agosto.

Sin embargo, la polémica ha asomado durante la pandemia y ha mirado hacia Colau por la organización de un concierto en los balcones para animar el confinamiento que fue presupuestado en 200.000 euros de coste para el erario público y que finalmente no se celebró a pesar de que la productora El Terrat se ofreció a sufragarlo. Iba a celebrarse el pasado 9 de mayo con la participación de Joan Manuel Serrat, Silvia Pérez Cruz, Manolo García, Txarango o Els Catarres.

Otro desacuerdo lo ha podido limar, en parte, gracias a la rebaja en la tasa de terrazas que ha impulsado para aliviar a los hosteleros frente a las pérdidas en sus negocios derivadas de la pandemia. La rebaja del 75% en este impuesto (una vez finalice el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre) tranquilizó al Gremi de Restauració de Barcelona, que recibió con cierto alivio el anuncio de Colau de cara a una campaña estilval sin turismo de masas.

La subida de tasas de principios de 2020 puso en pie de guerra a los establecimientos de restauración mientras que ahora estos reciben, dentro del decreto municipal de desescalada, otro espaldarazo municipal pues permite a las terrazas ocupar más espacio para mantener las distancias de seguridad y a costa de quitárselo al coche.

Los veladores podrán utilizar parte de la calzada en prejuicio del espacio de estacionamiento o de carriles de circulación. Las terrazas de bares y restaurantes ocupan ahora unos 59.000 metros cuadrados de superficie en la ciudad.

El escenario de cara al otoño reserva para el ejecutivo de Colau diversos temas pendientes de solución, en paralelo a la gestión de la crisis por la Covid-19.

Desde el impulso final a la conexión del tranvía por la Diagonal, muy demandado por entidades ecologistas, a la continuidad de las políticas para expulsar aún más al vehículo privado en beneficio de la expansión de la trama de carriles-bici y de la mayor peatonización de grandes calles y avenidas hasta ahora reservadas al tráfico a motor.


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