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Ayuntamientos en insuficiencia financiera

05/09/2018 14:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Para dotar a los Ayuntamientos de las condiciones económicas adecuadas con las que poder ofertar a la ciudadanía los servicios que demandan, es imprescindible un nuevo marco legal de financiación en sustitución de la caduca e inservible legislación vigente

En la actualidad, los ayuntamientos al  margen del signo político del Gobierno de turno, se encuentran sumidos en la peor situación económica desde la instauración de la democracia.

Las entidades  locales como administraciones   más próximas  al  ciudadano   no pueden seguir  ejerciendo  el papel de cenicienta  de la  administración  pública,   no deben asumir  por más tiempo el  incremento de tareas ni afrontar nuevas competencias sin la transferencia de los  medios económicos de acompañamiento, pues tal dinámica rematará por empeorar todavía más   su  debilitada salud  financiera  hasta el extremo de conducirlas  irreversiblemente  a una situación de  quiebra técnica.

Es  un  contrasentido que  aparte de negar  a los  ayuntamientos el reconocimiento   de una   deuda histórica   por la prestación de funciones  impropias,   cuando la asfixia económica  se acentúa  al  perder  una  de  sus  primordiales  fuentes de recaudación  vinculadas  al urbanismo, y se  consolida una situación carencial generalizada, en vez de establecer  medidas fundadas  en la lealtad institucional  que contribuyesen a garantizar su suficiencia financiera desde  la corresponsabilidad  de   las Administraciones de rango superior,   contra toda racionalidad les fueran  impuestas   las coercitivas medidas de la Ley de Estabilidad que además de su negativa repercusión económica indujo un escamoteo  en su margen de maniobra  y  una práctica  invasiva de su  autonomía local

El resultado es de sobras conocido, caracterizado  por permanentes tensiones entre los recursos disponibles y las crecientes necesidades financieras, en un contexto de continuidad que no tendrá corrección posible  mientras no se establezca un nuevo modelo de financiación acorde a las competencias efectivas y reales, y observante con la  obligada  cobertura en materia  de infraestructuras básicas y de adecuada prestación de los servicios municipales de  competencia.

La ambigüedad de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, posibilitó que durante quince años las empresas energéticas rechazarán su cumplimiento

Nueva normativa  que debe ser establecida  con matizada concreción, al margen de la ambigüedad característica   del actual marco legal en materia de financiación de  las haciendas locales, cuya indefinición  favoreció que desde su entrada en vigor, relevantes aspectos de su  contenido no hayan sido de aplicación, como así ocurrió hasta la fecha con lo concerniente  a la  utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, que  aun cuando  la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) dejó teóricamente establecido  desde su instauración,   las empresas energéticas se negaron a asumir su cumplimiento, abriendo en salvaguarda de sus intereses una prolongada batalla legal entre partes durante un prolongado periodo de quince  años de duración.

Ahora tras el  fallo dictado por el Supremo posibilitando que los ayuntamientos puedan reclamar este pago,   es cuando la inconcreción del legislador se hace  todavía más patente,   pues la sentencia del Alto Tribunal  evidencia aún   más la descontextualización  implícita del marco legal, toda vez  que en discordancia con lo expresado  en su articulado, para que nazca    la obligación  tributaria no basta con que las grandes compañías energéticas  utilicen  el dominio público  para el desarrollo de su actividad lucrativa, sino que   además,      los ayuntamientos tendrán que adaptar sus ordenanzas fiscales, mediante la aprobación en pleno, pues solo se podrá repercutir cuota tributaria en  los municipios que cuenten con una ordenanza fiscal específica que recoja la obligatoriedad de ese pago.

Tamaña incongruencia, dimanante de las dos leyes básicas locales -la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales-,   que además de la descapitalización democrática de su repercusión, con su aplicación     se complicó el funcionamiento    de los municipios,   pues  ante la dejadez de otras administraciones  de rango superior,   lejos de avanzar en la mejora de su  financiación agravaron  su situación carencial, hasta el extremo, que desde el inicio de la crisis económica, la significativa caída de la recaudación genuina enlazada  a la significativa disminución de los ingresos en la Participación de los Tributos del Estado ha conducido a los municipios a una generalizada bancarrota económica con una total falta de equilibrio presupuestario y de liquidez.

Complicación que cercena el principio constitucional de suficiencia financiera de las Entidades Locales establecido en el artículo 142 de la Constitución, una situación límite  que exige la reconducción de lo actuado  a  fin  de articular un Nuevo Modelo de Financiación Local   que mitigue las disfuncionalidades   de la actual Ley de Haciendas Locales en aspectos tales  como la   ineficacia del sistema de tributos directos,   el perjuicio de las transferencias condicionadas  y el inadecuado  reparto en la participación de las transferencias  estatales

Solo desde esa premisa  se podrá reconducir la situación

 


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Galdo Fonte (425 noticias)
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