El ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos por el destacamento militar Colina durante su Gobierno en Perú.

El abogado Gregorio Parco, presento el recurso alegando que el expresidente “es una persona de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad”.

La votación del constitucional quedó empatada tres a tres, pero el magistrado Augusto Ferrero hizo valer su voto dirimente. Organismos de derechos humanos pidieron ayer al tribunal que se abstuviera de votar en este caso debido a que en 2017 se reunió con Keiko Fujimori -la hija mayor del autócrata- y con congresistas fujimoristas de entonces que respaldaron la candidatura de Ferrero a la Corte Constitucional.

La tarde del miércoles, el Constitucional incorporó en la agenda del día siguiente la votación del habeas corpus a favor de la liberación de Fujimori, pese a que no estaba programada.

 Las ONG pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas para garantizarles el acceso a la justicia, entre ellas, una resolución de nulidad de liberación de Fujimori. Ya que, en el año 2009, la Sala Penal Especial condenó a Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves -por ambos casos- luego de haber sido extraditado de Chile. La sentencia ocurrió luego de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las víctimas y sobrevivientes ante la imposibilidad de encontrarla en el fuero peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigación y sanción de los delitos, entre otras medidas.

Seis ONG peruanas solicitan a la Corte IDH, que emita una resolución de nulidad de la liberación de Fujimori “en base a su jurisprudencia” y también de acuerdo a la decisión del 30 de mayo de 2018, en la que sostuvo que el Estado peruano no había cumplido en su totalidad las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos señaladas por ese tribunal.

La decisión de este jueves del Constitucional responde a uno de los tres habeas corpus presentados para liberar a Fujimori en los últimos meses, uno de ellos del actual abogado de Fujimori, César Nakazaki. El defensor del autócrata espera que la excarcelación tome un par de días, luego de que un juez penal supremo revise la decisión.

Una nota de prensa difundida por el Tribunal Constitucional señala que la sentencia con los tres votos a favor del habeas corpus “restituye los efectos de la resolución del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad”.