El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador informó el martes que anuló un 50% de las 756.000 firmas que el grupo ecologista Yasunidos e indígenas presentaron en apoyo a una consulta popular sobre la explotación de petróleo en la reserva amazónica del Yasuní (este).

"Han sido aceptadas 359.761 firmas", dijo a la prensa el presidente del CNE, Domingo Paredes, cuando la ley exige alrededor de 583.300 para llevar el tema a las urnas y que corresponde al 5% del censo electoral.

El funcionario añadió que durante la revisión de las rúbricas, que concluyó el lunes, se detectaron varias irregularidades, como "firmas de dirigentes de Yasunidos repetidas hasta nueve veces".

El informe será conocido por el pleno del CNE este miércoles, mientras que Yasunidos podrá impugnar ante el mismo Consejo y luego acudir al Tribunal Contencioso Electoral.

El CNE "habla de irregularidades, nosotros hablamos de fraude", expresó a su vez el colectivo Yasunidos a través de su cuenta en Twitter, anotando que "66% de las firmas entregadas han sido invalidadas, sin transparencia".

Carla Espín, vocera de Yasunidos, convocó a la ciudadanía a sumarse al proceso de impugnación para que conozca "por qué su firma ha sido anulada".

El colectivo promueve una consulta popular para determinar si se debe explotar crudo en el parque amazónico Yasuní, de un millón de hectáreas. En esa reserva está el bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), con reservas probadas de 920 millones de barriles de crudo.

En agosto pasado, el presidente Rafael Correa anunció su decisión de dar paso a la actividad petrolera en esa reserva, tras fracasar su campaña para evitar la explotación de crudo, y la consecuente emisión de gases contaminantes, a cambio de un millonario aporte internacional que nunca se concretó.

El Congreso acogió en octubre el plan del gobernante, quien promete un mínimo impacto ambiental y asegura que los millonarios recursos de la explotación serán utilizados para erradicar la pobreza en Ecuador, que en 2013 afectaba al 23, 7% de la población de casi 16 millones de habitantes.

Sin embargo, ambientalistas e indígenas sostienen que el aumento de la actividad petrolera en el Yasuní -donde operan desde hace décadas empresas como la española Repsol- generará graves daños sobre el ecosistema y pondrá en riesgo a las comunidades nativas en aislamiento voluntario.