Guatemala debe cambiar su sistema de financiamiento a los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado y la corrupción, aconsejó el jueves la Comisión Internacional contra la Corrupción en ese país (Cicig), un organismo avalado por la ONU.

"El sistema de financiamiento de los partido políticos es complejo y se presta a corrupción", dijo el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, coordinador de la Cicig, un ente apoyado por la ONU para la depuración del sistema judicial guatemalteco.

Velásquez presentó el informe sobre el financiamiento al sistema de partidos políticos, a menos de dos meses de las elecciones del 6 de setiembre, cuando los guatemaltecos elegirán a un nuevo presidente, vicepresidentes, diputados y autoridades municipales.

El estudio identificó el patrocinio de candidatos por parte del crimen organizado y el narcotráfico, con la intención de obtener protección a sus actividades, controlar información y colocar personal en las instituciones estatales, señaló el responsable.

Agrega que los empresarios también financian a políticos con la intención de demandar favores posteriormente, casos de corrupción que han merecido un repudio social generalizado.

Velásquez recomendó impulsar varias reformas al sistema electoral, entre ellas frenar el "gasto excesivo y desproporcionado" en que se ha incurrido, permitiendo la infiltración de recursos ilícitos.

El comisionado indicó que el financiamiento privado debe reducirse "a una mínima expresión" que no supere el 20% del total del presupuesto autorizado a los partidos políticos, y la asignación de fondos públicos, a la que tienen derecho, "debe ser limitada, regulada y fiscalizable".

Para la elecciones de setiembre, el Tribunal Supremo Electoral fijó un presupuesto de gasto máximo para cada agrupación de unos 7, 5 millones de dólares, equivalente a un dólar por cada ciudadano registrado.

Después de los comicios, las bancadas políticas en Guatemala tienen derecho a 2 dólares por cada voto legalmente recibido, toda vez que superen el 5% en la elección de binomio presidencial u obtengan una diputación para el Congreso.

Velásquez lamentó que los delitos electorales queden en su mayoría en la impunidad, al recordar que la única denuncia registrada hasta el momento es una petición el miércoles para que retirar la inmunidad a tres opositores por orquestar desde 2008 una red de lavado de dinero para financiar campañas.

El informe de la Cicig también se presenta en medio de una crisis política que sacude al país tras la revelación desde abril pasado de varios casos de corrupción en el gobierno, que derivaron en la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada por el escándalo de un fraude multimillonario en las aduanas.