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imageDespués de más de una década de brutales recortes, el sistema científico español está al borde del colapso. Por ello, algunos colectivos han presentado un demoledor manifiesto que expone los problemas y piden medidas urgentes para evitar la más que previsible extinción de un colectivo, el de los investigadores cada vez más exiguo y envejecido. Y un país sin científicos es peor que una república bananera.

MANIFIESTO "MARCHA POR LA CIENCIA 19 DE OCTUBRE DE 2019"

La ciencia en España nunca ha destacado por su buena salud. Los bajos presupuestos, la falta de planificación y visión a largo plazo, y la inestabilidad política del país han hecho que la ciencia pase continuamente por alzas y bajas cíclicas que crean y a continuación destruyen todo el potencial creado, desperdiciando así la inversión pública realizada. La crisis del 2008 se llevó por delante puestos de trabajo y la mayoría de la inversión pública, afectando a los fondos para sectores clave del estado de bienestar, seguridad social, educación o investigación, lo que dejó al país en una situación de precariedad sin precedentes desde los años 70. En el caso de la investigación, esos problemas se multiplicaron, ya que las medidas tomadas supusieron recortes presupuestarios cercanos al 40% de la inversión total, dejando centros de investigación recién inaugurados sin apenas personal, infraestructuras obsoletas, sin creación de nuevas plazas y miles de proyectos sin financiación. Desde entonces, la situación de la ciencia española no ha hecho más que agravarse. Esto se debe a la visión cortoplacista de los diferentes gobiernos, que neciamente han considerado la ciencia como un gasto y no como inversión, una mera máquina productora de resultados inmediatos. No hay que olvidar que los resultados científicos son, en realidad, la culminación de años de trabajo e inversión, lo que convierte a la ciencia en un bien de vital importancia, pero de maduración lenta. A pesar de la supuesta reciente mejora de la situación económica de España, todos los datos disponibles indican que esto no se ha visto reflejado en una recuperación de la ciencia, situándose la inversión total en I+D+i actualmente en el 1, 22% del PIB, frente al 1, 6% alcanzado en 2009, el año siguiente a la crisis. Más grave aún es que los fondos dedicados a investigación por el gobierno central se redujesen del 0, 5 % al 0.25% de los Presupuestos Generales del Estado. Además, una gran parte de los recursos presupuestados no llegaron a realizarse, al estar centrados en activos financieros (cap. VIII de los PGE) ejecutados en menos del 20%, destinados básicamente a créditos empresariales y a los que no tienen acceso los grupos de investigacióv cuyos recursos, procedentes de los cap. I a VII fueron ejecutados en más del 95%.

Debido a éstas limitaciones económicas, y como consecuencia de la baja tasa de reposición de plazas, los recursos humanos han experimentado un proceso progresivo de envejecimiento, con un promedio de más de 54 años en universidades o instituciones como el CSIC y una precariedad inaceptable en las etapas previas a la estabilización, haciendo de la emigración la única vía de desarrollar su actividad científica para muchos de los investigadores españoles.

La recuperación de un Ministerio con competencias en Ciencia, una demanda largamente demandada por la comunidad científica, sus resultados, aún con avances puntuales, no han cubierto las expectativas generadas, y la ciencia no ha recibido una mayor visibilidad en la acción del gobierno.

Frente a esta situación, que muchos informes denuncian como irreversible, en los últimos años se han sucedido las movilizaciones de todos los actores implicados en la actividad científica: asociaciones de jóvenes investigadores, sociedades científicas y académicas, sindicatos y movimientos ciudadanos como la Marea Roja. Estos movimientos reflejan el malestar de la sociedad española ante el escaso protagonismo que tienen la ciencia y la tecnología en la conformación de un modelo de sociedad, conscientes de que supondría una ventaja competitiva de futuro, no sólo para los investigadores, sino para la sociedad en general.

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Por todo ello, reclamamos un Pacto de Estado por la Ciencia que permita la estabilización de la investigación en el país, dotándolo de los medios básicos para el desarrollo de un nuevo modelo económico y social que nos haga más fuertes frente a las crisis venideras y permita el desarrollo de una independencia tecnológica, con una estrategia que facilite superar nuestra progresiva pérdida de recursos y recuperar el protagonismo internacional en el desarrollo económico y medioambiental. Un pacto real que se viene reivindicando desde hace años por todos los sectores implicados, pero que no se ha hecho efectivo por la incapacidad de ponerse de acuerdo los diferentes partidos políticos que deberían implantarlo. El impasse político se traduce en una inacción que no hace sino agravar la situación. Los programas electorales son muy fáciles de escribir, sobre todo si no piensan cumplirse. Las cuatro formaciones políticas mayoritarias prometieron y prometerán en esta nueva campaña entre un 2 y un 3% del PIB para la ciencia. Nos conformamos con que acuerden alcanzar a lo largo de la próxima legislatura al 2, 2% en que se sitúa la inversión media de los países de la U.E. Les pedimos que sean coherentes y firmen un pacto para asegurar una inversión que se supone que todos apoyan, de modo que el futuro y el desarrollo de este país puedan quedar garantizados.

Actualmente, las masivas movilizaciones en contra del cambio climático, son un buen ejemplo de cómo la actividad científica es clave en la generación de conocimientos y de soluciones a problemas centrales de nuestra sociedad. La innovación tecnológica está generando una nueva base material para nuestra sociedad en ámbitos clave como la energía, comunicaciones, inteligencia artificial y robótica o biomedicina. Estos cambios no son inducidos meramente por el avance científico sino por decisiones de grandes grupos cuyos objetivos no coinciden necesariamente con una sociedad más justa e integrada. Ante esta coyuntura, los investigadores debemos incrementar nuestra responsabilidad social para ayudar a hacer comprender a la sociedad las contradicciones que supone el cambio tecnológico.

Por todo ello, ante la inminente campaña electoral, no podemos sino demandar a todos los partidos un esfuerzo real para alcanzar un consenso en torno a decisiones concretas a adoptar, como las reflejadas en el Pacto por la Ciencia ya propuesto en 2004, y entre las que se incluyen:

  • Asegurar a lo largo de la legislatura, un mínimo del 2% del PIB en la inversión en I+D.
  • Plan de choque para recuperar el nivel de recursos humanos y la reducción de las edades medias de las plantillas de personal.
  • Asegurar la periodicidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos.
  • Mejorar las políticas de igualdad de género en las políticas de recursos urbanos.
  • Elaboración del Estatuto del Personal de Investigación ( investigadores, tecnólogos y gestores) que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados.
  • Unificación de los sistemas de gestión de los organismos de investigación que aseguren su eficacia y autonomía en la gestión.
  • Reducción de la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos e instituciones de investigación.
  • Reducción de la temporalidad del empleo de los investigadores y contratados.
  • Mejora de la movilidad de los trabajadores de la investigación entre las diferentes instituciones del sector público, OPIs y Universidad.
  • Transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo.

Necesitamos medidas, no promesas. Porque la investigación es vital para el desarrollo humano y de la sociedad, porque queremos que nuestro país deje de depender de terceros y determine su propio futuro. Firmamos este manifiesto, esperando que todos los partidos políticos olviden por un momento sus colores y pasen de las palabras a las acciones. Comprendan que la ciencia no es un arma electoral, es una necesidad estructural de cualquier país que repercute directamente en la competitividad económica y en el tejido social. Les pedimos que escuchen nuestras reivindicaciones y que las ejecuten firmando un gran Pacto Nacional por la Ciencia. Si queremos un futuro, no se puede esperar más.

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