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La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. La Fiscalía había pedido que fuese enviado a prisión sin fianza después de que declarase acusado de sedición, pero la magistrada ha optado por no imponerle la medida cautelar más duras de las existentes. Antes ya había dejado en libertad a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, en contra del criterio de la Fiscalía.

La jueza sí que ha acordado una serie de medidas cautelares. Trapero tendrá que comparecer cada 15 días, se le retira el pasaporte, no podrá salir del territorio nacional y tendrá que informar de en qué teléfono está localizable. Lamela le informa de que si incumple alguna de estas medidas podrá acordar la prisión provisional.

En el auto por el que decreta esas medidas cautelares, la jueza repasa los hechos del 20 y 21 de septiembre y concluye que se produjeron en el marco de una "estrategia de actuación con finalidad separatista". Sin embargo, aunque hay indicios de que Trapero está vinculado con esa estrategia, Lamela señala que su actuación no permite en este momento "suficientemente perfilada" para asociarle a "hechos tan graves".

De hecho, la jueza señala en su escrito que las explicaciones de Trapero "coinciden en parte" con lo declarado por los testigos. El mayor de los Mossos indicó que se abrieron dos pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial, aunque luego no fueron utilizados. Además, ha declarado que no se disolvió la concentración en la Consellería de Economía porque eso habría generado una "grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas".

Además, la jueza deja claro en varias ocasiones que los hechos que investiga esta causa se ciñen a lo ocurrido el 20 y 21 de septiembre, y no a la celebración del referéndum o a los actos preparatorios. Lamela no descarta ampliar la causa en un futuro, pero por el momento el 1-O no está incluido en el proceso de sedición, a pesar del informe de la Guardia Civil.

Tras acordar las medidas sobre Trapero, la jueza ha reanudado las declaraciones previstas para este lunes. Es el turno para los líderes de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes la jueza otorga un papel "esencial" en la operativa para celebrar el referéndum, con el encargo de movilizar a las masas y arrastrar a los indecisos.

La intendente Laplana, también en libertad

Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, ha sido la primera de los acusados en declarar. Al término, la Fiscalía ha pedido a la jueza que le imponga una fianza de 40.000 euros, pero la magistrada ha rechazado esa medida. Ha dejado en libertad a la intendente de los Mossos con la obligación de comparecer cada 15 días y le ha retirado el pasaporte.

La jueza dedica algunos párrafos de su auto a su actuación durante los altercados. Lamela hace constar que los agentes de la Guardia Civil le pidieron hasta en siete ocasiones que movilizara a los Mossos para alejar a los manifestantes, pero ninguno de esos requerimientos fue atendido. Sin embargo, la jueza acuerda dejarla en libertad porque no aprecia el riesgo de reiteración delictiva.

Trapero, Laplana y los líderes ciudadanos del movimiento independentista han acudido este lunes a la Audiencia Nacional después de que la Guardia Civil entregase un extenso informe con nuevos indicios contra ellos. El documento conecta los hechos del 20 y 21 de septiembre -tras los registros y detenciones de altos cargos- con la celebración del referéndum.

Así, los agentes concluyen que Sánchez y Cuixart colaboraron con miembros del Govern en una "estrategia compleja" que busca "la ejecución de la hoja de ruta diseñada" para la independencia". A Trapero le acusan de "obstaculizar" el trabajo de Policía y Guardia Civil durante el 1-O, también como parte de "un plan premeditado".

En el atestado que elaboraron también apuntan que durante el 1-O las órdenes de Trapero a sus agentes no se cumplieron y "derivaron en una inacción flagrante debiendo ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que tuvieron que actuar activamente para evitar la celebración del referéndum pero con imposibilidad de disponer ni de efectivos suficientes ni de abarcar todo el territorio catalán".

Primero los testigos

Antes que los acusados ha sido el turno de los testigos de los hechos del pasado 21 y 21 de septiembre, cuando se produjeron incidentes en Barcelona durante los registros de sedes de la Generalitat y el arresto de altos cargos. Miles de personas se concentraron, por ejemplo, a las puertas de la sede de la Consellería de Economía, donde la comitiva judicial que efectuaba los registros tuvo que ser evacuada por el tejado tras varias horas sin poder salir del edificio.

Así, la primera en declarar ha sido la letrada de la administración de justicia que comandaba esa comitiva, así como dos agentes de la Guardia Civil que estuvieron en la Consellería. En el informe de la Guardia Civil también se señala que sus vehículos fueron destrozados por los manifestantes, cuyo coste asciende a más de 130.000 euros.

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