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Una treintena de detenidos en Cataluña en una macrorredada por desvíos de subvenciones para financiar el 'procés'

23/05/2018 19:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

  • Entre los detenidos, el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve de Convergència Democràtica de Catalunya.
  • Se trata de una operación relacionada con el desvío de dinero público que estaba destinado para ayudar a la cooperación y el desarrollo.
  • La CUP y la CGT denunciaron en 2016 el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

La Policía Nacional ha detenido a una treintena de personas en la macrooperación que se está desarrollando en relación a una presunta trama corrupta de desvío de fondos públicos a entidades vinculadas al proceso independentista.

En la operación, denominada Estela, que está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona está previsto que se practiquen además una decena de registros en instituciones públicas catalanas, entre ellas la Diputación de Barcelona.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado en un comunicado, en la llamada Operación Estela, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, está previsto que se practiquen una treintena de detenciones y una veintena de registros en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras localidades.

Detenido el expresidente de la Diputación de Barcelona

En el marco de la macrooperación, la Policía Nacional ha detenido al expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve (CDC) en el marco de la operación 'Estela'.

Salvador Esteve también fue alcalde de Martorell (Barcelona) por Convergència Democràtica y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista. Esteve ha sido detenido dentro de la operación que busca en la Diputación de Barcelona y varios organismos públicos y privados pruebas de una presunta trama de corrupción que desvió subvenciones destinadas a proyectos en países en desarrollo.

Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.

En el marco de la operación, la policia ha registrado la sede central de la Diputación de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón.

Concretamente, en Girona se está registrando la fundación Plataforma Educativa, una de las entidades que está en el punto de mira de la investigación por recibir ayudas públicas de forma irregular.

La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público -concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista. Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares.

En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.

No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del proceso, si en los registros practicados en las entidades vinculadas con el soberanismo se hallan indicios de que esos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costear la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Registro en la sede de la patronal PIMEC

Entre las sedes que han registrado durante esta mañana de jueves los agentes de la Policía Nacional se encuentra la sede de la patronal Pimec dentro de la operación Estela por un presunto fraude en subvenciones irregulares en cooperación al desarrollo realizada en Cataluña.

El magistrado además ha acordado 20 registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la sede de CATmón) en Barcelona, Manresa, Cabrils, Tordera (Barcelona), Olot (Girona) y Reus (Tarragona), entre otras.

Financiar el 'procés'

Diez millones de euros. Esa es la cantidad que habrían utilizado instituciones catalanas para financiar parte del 'procés', principalmente para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Más de 200 agentes de la UDEF se han desplegado en varias sedes para dar con la documentación necesaria. Los primeros pasos determinan que se trata de fondos públicos cuyo objetivo era apoyar programas de ayuda al cooperación y al desarrollo pero que acabaron financiando la causa independentista.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones por un valor mínimo de dos millones de euros.

Partidas para cooperación internacional

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17, 4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que la operación policial por posible malversación es una "demostración muy evidente" de que "no había pruebas" y que la acusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el anterior Govern "no estaba fundamentada", y ahora "intentan inventárselas".


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